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Sondeo de Educación 2020 y La Tercera revela escaso cumplimiento de la ley de educación que impide seleccionar alumnos”

La mitad de los colegios con aporte estatal y mejor rankeados en el Simce pide requisitos de ingreso

1. Fuente: www.latercera.com
2. Fecha de publicación: 25 julio 2011

La derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce) que dio paso a la Ley General de Educación (LGE) vigente desde septiembre de 2009, fue el principal logró de la revolución pingüina que tres años atrás remeció Chile. Y uno de los aspectos más importantes entre las exigencias de los secundarios, que quedó plasmado en la nueva normativa, es el fin de los procesos de selección para niños de entre kínder y sexto básico, en establecimientos municipales y subvencionados. Es decir, ni notas ni la chequera de los padres ni exámenes de evaluación deben incidir en la aceptación de un niño en el colegio.

Con eso en mente llegaron a principios de este año al Colegio San Ignacio de Talca los padres de Trinidad, de cinco años. Pero hubo sorpresas. Una vez ahí, la niña estuvo sometida por más de tres horas a diversas pruebas de inglés, lenguaje y matemáticas. Alejandra, su madre, cuenta que la pequeña tuvo que responder 30 páginas de preguntas y resolver varios esquemas que en nada se parecían al ritmo de trabajo que traía desde kínder.

Fue tanta la presión, que Trinidad estalló en llanto y se rehusó a seguir. Las ganas de Alejandra de ver a su hija en este colegio de reconocido prestigio académico terminaron abruptamente.

El camino continuó con nuevos procesos de selección en colegios distintos y con "dos nuevos malos ratos", dice Alejandra. Finalmente, Trinidad ingresó a primero básico en el Colegio San Esteban, donde también tuvo que rendir pruebas, pero sólo para evaluar sus competencias académicas y no como requisito de ingreso. Ahora, madre e hija están felices. Pero, ¿qué pasó con el concepto central de la LGE?

Un sondeo realizado por La Tercera y Educación 2020 a los 119 colegios particulares subvencionados y municipales mejor rankeados en el último Simce, reveló que el 55% realiza una prueba de admisión para los alumnos que postulan a prekínder, kínder o 1° básico. De estos, 58 son particulares subvencionados y siete municipales. Una situación cuestionable desde el punto de vista del espíritu de la ley, pero no ilegal, pues los colegios suelen argumentar que los exámenes no son relevantes para la aceptación del menor. En todo caso, el proceso debe ser transparente y objetivo.

Lo que sí es absolutamente contrario a la norma es lo que reconoce el 29% de los colegios, que admite solicitar notas mínimas como requisito de ingreso (cuatro municipales y 31 particulares subvencionados). "Por los resultados del sondeo y denuncias de que se tiene conocimiento, efectivamente, hay establecimientos que vulneran el sentido y la letra de la LGE, pues incluyen en las pruebas del proceso de admisión, preguntas que apuntan a medir el rendimiento", sostiene la abogada de Educación 2020, Patricia Schaulsohn.

Desde el Mineduc, Manuela Pérez, abogada de la división de Resguardo de Derechos, agrega que "las pruebas que traten de pronosticar o predecir el rendimiento académico del alumno están prohibidas (...) pueden evaluarse otras cosas como la destreza física, la reflexión del alumno, pero nada que tenga que ver con rendimiento académico".

Otro dato. El 48,7% de los colegios pide certificados de notas para ingresar al proceso de postulación (seis de éstos municipales), aunque no especifican si tendrá o no incidencia en el ingreso. Además, el 8% (todos particulares subvencionados) solicitan cheques de garantía o liquidaciones de sueldo. "Normalmente, es para conocer la situación socioeconómica de los postulantes y cuando rechazan al alumno, dan otras razones", opina Schaulsohn.

No a los repitentes

Al término del año escolar, el 18% (14 particulares subvencionados y siete municipales) exige calificaciones para permitir al alumno seguir en el establecimiento. Pero, más grave aún es que el 37% de los establecimientos asegura que no aceptan alumnos repitentes en sus procesos de admisión (36 son particulares subvencionados). En este punto, el 7% señala que si un alumno repite se va del colegio (todos particulares subvencionados) y el 6% asegura que se evalúa caso a caso.

Esta realidad choca con la LGE, que en sus artículos 11 y 12 dice: "En ningún caso se podrá considerar en cada uno de estos cursos el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante".

Para el experto en Educación de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela, los datos muestran una aplicación masiva de pruebas académicas de selección. "Indican, además, que muchos no aceptan a niños repitentes, incluso algunos niegan renovación de la matrícula para los estudiantes que reprueban en el mismo establecimiento", dice.

Pero ¿la ley es ambigua?

"No. Acá se está vulnerando. Los niños y sus familias no pueden escoger el colegio de su preferencia, ya impedido por la mantención del financiamiento compartido. Aquí se mantiene la selección de parte de los sostenedores y no por las familias", señala el experto.

Valenzuela precisa que en los establecimientos subvencionados, los alumnos tienen derecho a repetir curso en un mismo establecimiento, a lo menos, en una oportunidad en la educación básica y otra en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no renovada su matrícula.

Embarazadas

El tema de las alumnas embarazadas también es complejo. Consultados los colegios ya de manera general y no hasta sexto básico, el 3% de los colegios (todos particulares subvencionados) dice no aceptar alumnas en ese estado.

Nueve establecimientos no tienen políticas sobre el tema, lo que genera ambigüedad a la hora de enfrentar la situación, y en siete se "evalúa" caso a caso.

"Hay colegios que ponen todo tipo de trabas a las alumnas embarazadas, a pesar de que la ley establece que deben darles facilidades. Otros, directamente no reciben a las que son madres, en algunos casos, aludiendo al proyecto educativo (colegios religiosos), en consecuencia, que está prohibido impedirles el ingreso y la permanencia", explica la abogada de 2020.

Para Valenzuela, esta situación debería mejorar con la entrada en vigencia de la agencia del aseguramiento de la calidad de la educación y la superintendencia. Sin embargo, dice que el Mineduc, con su actual estructura, debería asegurar su cumplimiento ahora.

"La masividad de la aplicación de estas prácticas ilegales da cuenta del sentido de urgencia con que se debe corregir esta situación. La ventaja de tener un nuevo ministro de Educación, que viene de Justicia, es que tendrá la capacidad para asegurar que se aplique la ley, tal como se debe realizar respecto de la imposibilidad del lucro en las universidades", complementa.

En ese sentido, advierte de la urgencia de aplicar la LGE y cursar sanciones. "En una educación de calidad, es la principal herramienta para contar con igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas", sostiene el experto de la U. de Chile.

El Mineduc reconoce que la cifra que maneja la cartera sobre colegios que infringen la ley es baja, porque el nivel de denuncia lo es. Y por lo mismo, instan a los apoderados a informar los casos que vulneren sus derechos.

"Puede que la gente no lo tenga claro, puede que efectivamente les dé susto tener problemas con el establecimiento Pero, de ser así, nosotros solicitamos el informe al colegio", concluye la abogada Manuela Pérez.