Financiamiento vìa franquicia SENCE y fondos Ley Sep

  Reporte plantea los desafíos que debe enfrentar el país si quiere alcanzar un estándar educativo comparable al de los países desarrollados”.

Elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial: Informe internacional deja al descubierto las debilidades de la educación superior chilena

Diez capítulos y 304 páginas le bastaron a un equipo de expertos del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para desnudar las falencias del sistema de educación superior chileno.

Esa es la extensión de un informe que será presentado oficialmente hoy y que el grupo tardó más de un año en preparar, por encargo del Ministerio de Educación.

"Chile ha tenido muchos éxitos, como por ejemplo, que hoy entren a la educación superior muchos más alumnos que hace 10 años", explica Michael Crawford, especialista senior en educación del Banco Mundial y uno de los responsables del reporte. "Pero deben preguntarse si lo que servía hace diez años sigue sirviendo hoy", añade.

En ese sentido, si el país quiere ingresar a la OCDE, organización que reúne a los países desarrollados, debe hacer frente a problemas clave, como las inequidades en el acceso a la educación terciaria, que complican a los alumnos más pobres.

"Este informe apunta a que sus políticas públicas tengan un estándar similar al de los países OCDE", complementa Ian Whitman, quien encabeza el Programa de Cooperación con Economías No Miembras de la entidad.

Hacia una admisión más equitativa

"Las brechas de inequidad parecen ampliarse en el proceso de admisión a la educación superior, el que depende principalmente del rendimiento en la PSU", sostiene el informe. Según explica Ian Whitman, "los más desfavorecidos tienen menos posibilidades de pasar una prueba si ésta mide lo que se les enseñó en la escuela".

El informe critica que la PSU sea el instrumento único de admisión y que de sus resultados dependa el acceso al crédito con aval del Estado. Por eso, sugieren complementarla, por ejemplo, con la escritura de ensayos o pruebas que midan la capacidad de razonar de los alumnos. "La PSU tiene sus virtudes, pero si la idea es detectar el potencial de los jóvenes, se necesita una mayor variedad de indicadores", precisa Crawford.

Financiamiento: duplicarlo y que el crédito llegue a todos

Para los expertos, la medida que podría significar más beneficios en el corto plazo es un aumento en el gasto público en educación. Concretamente, el informe recomienda duplicar la inversión del Estado en la enseñanza superior. "Hoy, la proporción de gasto privado (de las familias) en Chile es más alto que en los países de la OCDE", señala Crawford.

Además, se llama a modificar la forma en que se entrega el financiamiento estatal. En esa línea, se recomienda eliminar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que hoy reciben las instituciones que matriculan a los alumnos de mejor PSU. En su lugar proponen reorientar al Aporte Fiscal Directo, entregándolo sobre la base del desempeño de las instituciones.

A lo anterior se suma la necesidad de simplificar los sistemas de créditos y ayudas estudiantiles, que el informe considera "demasiado complejo", lo que perjudica a los sectores más desfavorecidos. "La disponibilidad de créditos debiera ser mayor, no restringir algunos sólo a quienes estudiarán en universidades del Consejo de Rectores", afirma Whitman.

Ampliar el Consejo de Rectores a las instituciones acreditadas

"La actual división entre el Consejo de Rectores (CRUCH) y el resto de las universidades es anacrónica y debiera abolirse". Así de directo es el informe en este punto.

Michael Crawford profundiza: "Reconocemos el valor del Consejo de Rectores como representante de los intereses de las universidades ante el gobierno. La pregunta es quiénes debieran integrarlo. Lo que recomendamos es que la acreditación sería un mejor criterio para decidir la membresía que el criterio histórico".

También aconseja reducir la separación entre programas universitarios y técnicos, permitiendo mayor movilidad entre ambas modalidades de educación superior.

El reporte también entra en algunos temas que han estado en la polémica en el último tiempo. Por ejemplo, pide cambiar la legislación que exige que las universidades privadas no tengan fines de lucro, a cambio de un sistema más transparente y con mayor rendición de cuentas.

Acreditación: un paso más

En su capítulo dedicado a la calidad, el informe aplaude la instalación del sistema de acreditación universitaria.

Sin embargo, plantea que es sólo "un primer paso", y señala que el punto débil del sistema es que no asegura un mejoramiento en el nivel de la enseñanza de pregrado.

En esa línea, plantea la necesidad de que una vez que una institución se acredita, el sistema le vaya subiendo las exigencias progresivamente, para que no se vuelva un mero trámite.

3,3% del gasto público en Chile va a educación superior. En los países de la OCDE, el promedio es 5%.

73% es la tasa de graduación de la educación superior en Chile. En la OCDE es de 82%.

13% de los chilenos entre 25 y 64 años tiene un título, la mitad que en los países desarrollados.

34,8% del gasto público en educación va a becas y créditos. En la OCDE, la cifra es de 17,5%.

Fuente: www.elmercurio.com